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En los últimos años, la crisis económica ha hecho que muchas personas busquen un ingreso de cualquier forma, lo que ha llevado a la práctica de acciones fraudulentas e ilegales como la estafa a las compañías de seguros.

Esto ha hecho que en el sector de los detectives privados se multiplique el trabajo, ya que los intentos de fraude aumentaron un 2,4% en 2013, al pasar de 146.792 casos analizados a 151.995 casos investigados en el año pasado, según datos ofrecidos por la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) en el “Informe sobre el Fraude al Seguro Español 2013”.

Las empresas de seguros destinaron a combatir el fraude más de 10,5 millones de euros, un 10,1% más que el año anterior,  y en esto los detectives privados ocuparon un papel muy importante, destapando numerosos casos y por tanto ahorrando un gran dinero a las aseguradoras. De hecho, por cada euro que se ha invertido en la lucha contra el fraude se ha conseguido evitar pagar 39,22 euros a los defraudadores.

Hace unos años, los detectives privados ocupaban su tiempo principalmente en detectar infidelidades, pero actualmente uno de los mayores clientes son las empresas, que tratan de detectar determinadas situaciones entre sus empleados como el absentismo laboral, el bajo rendimiento o las falsas bajas, y especialmente las empresas de seguros.  

Por lo tanto, se ha podido comprobar que los detectives privados han pasado a tener en su clientela a empresas privadas, en detrimento de intereses personales. Llaman la atención los datos, ya que el 91% de las aseguradoras ya recurren a los servicios de detectives para investigar los posibles casos de fraude que puedan cometer los clientes asegurados.

La gran mayoría de los detectives privados utiliza las grabaciones o las fotografías como pruebas de los hechos, y aunque se realicen sin el consentimiento de las personas investigadas, son avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según las aseguradoras la práctica más habitual es que el asegurado reclame indemnizaciones por daños que ya existían antes de que se produjera el siniestro, concretamente el 40%. Además un alto porcentaje, concretamente un 35% presenta una reclamación desproporcionada a lo que realmente cubría el contrato y le siguen el número de asegurados que finge un siniestro para cobrar la indemnización, un 25%. Respecto a las cuantías, suelen presentarse un mayor número de afectados que denuncian un daño corporal, un 66%, frente a un 34% de los fraudes que acuden con un daño material.

Es importante apuntar que estos fraudes suponen un perjuicio para todos, ya que las mayores tasas de siniestralidad afecta a los precios de los seguros. No hay un perfil concreto para aquellas personas que cometen este tipo de fraudes, pero no hay que olvidar que los delitos de estafa puede conllevar penas de cárcel de entre 6 meses a 3 años.

Un caso significativo sucedió en junio del pasado año en Sevilla, en el que un hombre fue filmado conduciendo una moto, al mismo tiempo que había reclamado a su compañía de seguros una indemnización por sufrir una lesión neurológica que le impedía conducir.

La grabación sin consentimiento fue aceptada como prueba y según la sentencia no suponía una vulneración del derecho a la privacidad y a la propia imagen, es decir, del artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos.

El afectado, reclamó a su aseguradora daños y perjuicios por un atropello que sufrió años atrás por un vehículo mientras circulaba en bicicleta. Esto le produjo una lesión que le impedía conducir, por lo que reclamó daños y perjuicios.

La compañía de seguros presentó el video que había sido grabado por los detectives privados contratados y así pudo demostrar que el reclamante sí estaba capacitado para conducir tras el accidente. La Audiencia Provincial de Sevilla consideró valida esta prueba presentada, ya que entendían que las circunstancias que llevaron a la grabación eran justificadas.